viernes, 4 de mayo de 2018

Lenguaje llano: el mito

Lisa y llanamente el lenguaje adornado abunda en la traducción jurídica



El lenguaje llano está relacionado, básicamente, con la corriente que defiende «escribir como se habla». Recibe otras denominaciones: lenguaje claro, lenguaje sencillo o lenguaje ciudadano. Como podemos observar, todos los adjetivos rescatan un estilo de redacción simple, eficiente y orientado al receptor, que les permita a los lectores entender fácilmente lo escrito y, llegado el caso, usar dicha información para los fines que persiguen, sin dificultades. En la Argentina, el lenguaje llano no logra imponerse. Algunos de los obstáculos son, claramente, la reticencia y el recelo de los especialistas a sacrificar y abandonar ciertos tecnicismos en aras de hacer el texto accesible a lectores no especializados. Existe, a su vez, la creencia de que expresarse con un lenguaje sencillo implica rebajar el estatus y, por lo tanto, perder autoridad y poder sobre la audiencia.  
            En el otro extremo, están quienes defienden la corriente del legalismo (o jerigonza jurídica) y hacen hincapié en que el uso de los tecnicismos sirve para abreviar, pues se evita así la necesidad de recurrir a definiciones una y otra vez. La defensa más extendida radica en la necesidad de precisión del lenguaje técnico y de giros propios para diferenciar la ciencia jurídica de otras disciplinas. Asimismo, el fenómeno se evidencia con los ejemplos lingüísticos (latinismos, tecnicismos y afines) que con frecuencia son parodiados por algunos profesionales, y también con el uso de oraciones interminables, con derivadas de derivadas, y un uso, a veces deficitario, de los verbos en subjuntivo, los gerundios, las nominalizaciones y adjetivaciones, sin olvidarnos de la frecuente utilización de palabras inexistentes.
          Ahora bien, ¿qué postura debe adoptar el traductor jurídico? ¿Cuál es su responsabilidad respecto de la presencia o ausencia del lenguaje llano en sus productos finales?
            Por más esfuerzo que se haga en imponer lo contrario, el texto que le llega al traductor ya está escrito por un otro (un abogado o un juez), un otro que decidió qué estilo utilizar, qué fórmulas sacramentales aplicar, qué dobletes y tripletes incluir, qué nivel de oscuridad darle al texto, qué ambigüedad deliberada añadir. Además, seguramente ese texto no haya nacido para ser traducido; la traducción es una contingencia futura, una necesidad que puede surgir o no, pues quien redacta no está considerando en lo más mínimo a un posible traductor. El autor lo crea, se expresa y se desnuda a través de su estilo, sin pensar, en principio, que tal vez un traductor vaya a traducirlo con posterioridad a su creación.
            ¿El traductor debe respetar el sentido pero alejarse del estilo complejo del emisor como un servicio para el lector no especializado? ¿Acaso el estilo del emisor no hace a su identidad, a sus características más personalísimas? ¿Cuál es la responsabilidad del traductor jurídico en toda esta maraña de aspectos enredados, arcaicos, formulaicos que el autor decidió incluir en el texto que debe traducir pero que son contrarios al lenguaje llano? Sostengo que actúa con deslealtad el traductor que aniquila todas esas particularidades discursivas que deja asomar el autor del texto fuente.  Claramente el traductor, una vez que aceptó el encargo, podrá maldecir al autor del texto en la soledad y el silencio de su espacio de trabajo, pero no mucho más: torcer y desviar el estilo del original para arribar a un texto (más) simple es, en mi opinión, una solución hartamente cómoda y desleal.
            La cadena de responsabilidades comienza mucho antes, con los creadores originarios. Si deseamos encontrar soluciones para que la comunicación entre los ciudadanos sea más efectiva, habría que empezar por convencer a los operadores jurídicos sobre los beneficios y las ventajas de manejar un lenguaje llano y accesible. Pero, reitero, el traductor aparece en una etapa ulterior: lo que él debe traducir ya existe y tiene una forma determinada. Es por ello que afirmo que es sobre los abogados, los legisladores, los jueces y las autoridades administrativas, en calidad de creadores primarios de textos jurídicos-administrativos, que recae la responsabilidad de comunicación de un modo más amigable a favor del ciudadano común.
           Ojo. No estoy afirmando que el traductor debe producir traducciones defectuosas e ininteligibles, transcribiendo errores o defectos del original sin el más mínimo análisis. Simplemente insisto en que la tarea del traductor está subordinada a un texto fuente. Ese texto fuente tiene límites, directrices, un estilo, una música, un léxico, una prosa que le pertenece al autor original y que el traductor deberá respetar si pretende lograr una traducción fiel. Respetar el estilo discursivo del autor equivale a respetar su derecho a la identidad. El blanco de las acusaciones debe ser otra audiencia, y quienes deben mejorar los textos para llegar al ciudadano común son otros: como señalé más arriba, los creadores originarios de los textos.
            La única posibilidad de alejamiento del estilo original, creo yo, sería un encargo de traducción en el que el comitente nos solicite un texto orientado al receptor porque le dará un fin específico que responde a ciertas necesidades. En ese caso, la tarea del traductor será reconstruir el texto original a favor de un lenguaje llano (con el foco puesto en el lector), pero porque el comitente así lo necesita para el fin específico que él busca. En este caso, el encargo de traducción sí debe ser claro para adecuar el texto según las pautas del lenguaje claro o llano, para conciliar la funcionalidad del texto que se traduce, según los requerimientos del comitente; pero, insisto, prima facie no debería ser decisión exclusiva del traductor.
          Empero, no debemos confundir lenguaje llano con traducción efectiva. La traducción efectiva depende de tantos otros factores. Difícilmente se pueda lograr un producto final eficaz si el traductor desconoce los criterios para una escritura correcta. El traductor sabrá cómo lograr un producto final correcto y de calidad, pero siempre respetando el estilo y la intención del autor (salvo pedido específico en contrario).  
           Lisa y llanamente, recomiendo respetar el estilo del autor, cuando la complejidad del texto original sea producto de la experticia y formación de quien escribe, y no producto de su desidia y desinterés. Es innegable que el lenguaje adornado abunda en la traducción jurídica y forma parte del trabajo diario del traductor. Una traducción efectiva dependerá del arte del buen traductor, no de aplicar un lenguaje sencillo, o forzarlo incluso cuando el original no lo tenga.

 Copyright © 2018 Mariela Santoro


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domingo, 24 de agosto de 2014

Diccionarios bilingües: ¿aliados incuestionables?

¡Cualquiera traduce con un diccionario bilingüe!

La realidad (triste, por cierto) es que el común de la gente cree que si sabés un par de idiomas (español/inglés, por ejemplo) y tenés buenos diccionarios (dos o tres bilingües serían suficientes), vas a poder traducir.

Claro que vas a poder traducir, pero bastante mal.

Afirmo lo anterior no simplemente porque soy una gran defensora del traductor profesional, aquel que se formó, se capacita, estudia y que realmente comprende lo que es enfrentarse a un texto y producir una traducción digna; lo afirmo, también, porque a las pruebas prácticas me remito. Basta con buscar un término técnico en un diccionario bilingüe para comprobar la aseveración. (Advertencia: por cuestiones de espacio, me limito aquí a la elección de términos dentro de un área especializada como la jurídica. No intento abarcar la totalidad de aspectos complejos propios de la tarea del traductor).

Supongamos que se nos encomienda la traducción de un documento fuente redactado en español, en el que, en distintas porciones del texto, se utiliza el término «garantía». Invito al lector a abrir un diccionario bilingüe y buscar dicho término. ¿Cuántas opciones nos da el diccionario? Casi diez (al menos son las que estoy viendo en el Diccionario Jurídico de Cabanellas de las Cuevas). Observemos:

GARANTÍA
Bond, bail, guaranty, pledge, security, guarantee, guaranty contract, warranty.

Bien. Genial. Perfecto. ¿Y ahora qué hace el inexperto conocedor de idiomas devenido en traductor? ¿Vino fallado el diccionario? No. ¡No! La falla radica en pensar que el diccionario bilingüe hace las veces de traductor. Como vemos, el diccionario no brinda la solución, sino las posibles traducciones. Rara vez nos dirá a qué área jurídica pertenece cada término. Casi nunca nos dirá cuál es el verbo que debemos usar, ni nos dirá el régimen preposicional pero, más grave aún, no nos dirá la diferencia componencial que existe entre cada uno de los términos. La traducción no es un juego azaroso, una especie de ruleta rusa. El traductor que no se formó, no estudió, no conoce las diferencias de fondo muy difícilmente llegue a elegir la opción correcta. Huelga decir que si se elige el término equivocado, básicamente se estará diciendo algo que no es, y el producto final carecerá de total sentido.

El término garantía es tan solo un ejemplo entre millones de palabras técnicas y polisémicas, característica esta última que agrava el debate. Esta cuestión que aquí analizo no es privativa del español. Lo mismo sucede en inglés, con el término «equity», por ejemplo. El neófito podrá decidir, sin más, que su traducción es «equidad». Correcto, pero solo a veces. Como podrán sospechar, el término tiene otras acepciones y traducciones según el contexto donde aparezca. Así, podrá traducirse como sistema jurídico de Equidad (en oposición al Common Law), capital propio de una sociedad comercial, utilidades, acciones societarias, fondos, o bien renta variable. 

Que se sepa de una vez: no cualquiera puede traducir. Traducir es una actividad intelectual compleja. Los diccionarios lucen muy bien en los estantes de la biblioteca, pero no siempre harán lucir al autor de las traducciones. No confiemos ciegamente en ellos. Las fuentes de consulta hoy en día son inagotables. El diccionario bilingüe es simplemente una más, pero no es la única y, peor aún, no nos proporciona la verdad absoluta. El diccionario bilingüe es simplemente una guía, un disparador, pero no nos dará la solución. Muy por el contrario, y por el desconocimiento de quien lo utiliza, puede ser fuente de (gravísimos) errores.

A modo de conclusión: el arte del traductor y la calidad de la traducción se ven reflejados en el producto final. Un traductor crítico, analítico, profesional y responsable no debe abandonar jamás la capacitación, la incesante lectura, la investigación y la curiosidad. La traducción es un acto de creación, no de copiado automático. Ningún diccionario va a reemplazar el buen criterio del traductor, máxime si la traducción es especializada. 

Los diccionarios sirven para los que saben.

Copyright © 2014 Mariela Santoro



Si el lector necesita una traducción realizada por un profesional que no restrinja su investigación al diccionario bilingüe, lo invito a visitar mi sitio web: www.translational.com.ar






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sábado, 23 de agosto de 2014

'Traducción pública' versus 'traducción jurídica'

¿Son sinónimos los términos 'traducción pública' y 'traducción jurídica'?

No. Y no.

Comencemos con la distinción de estos términos en cuanto a 'dedicación' o 'formación' del profesional en ejercicio de la traducción.

Defino a la 'traducción pública' simplemente como aquella que puede ser realizada por un traductor que finalizó los estudios correspondientes para tal fin: darle carácter público a una traducción. La 'traducción jurídica', por su parte, es un área de especialización. O sea, podríamos decir que todo profesional que se dedique a la traducción jurídica es (o al menos debería ser) un traductor público, pero no a la inversa: un traductor público puede dedicarse a un área que no necesariamente tiene que ser el campo jurídico.

En palabras más sencillas y prácticas. En la Argentina, se le otorga el título de traductor público a quien haya finalizado exitosamente el plan de estudios correspondiente en una universidad. El plan de estudios de esta carrera incluye, podríamos decir, una especialización en el área jurídica, pero eso no significa que el egresado solo vaya a traducir textos que traten temas jurídicos, legales o judiciales. El contenido de los planes dependerá de la institución que se elija. Es bien sabido por todos que el plan de estudios que se dicta en la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene un enfoque especialmente jurídico. Sin embargo, en los dos primeros años del plan de estudios de la carrera del Traductor Público que se dicta en la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) se incluyen distintas áreas de traducción (medicina, farmacología, tecnología, ciencia). Recién en el tercer año de la carrera los alumnos comienzan a adentrarse en la traducción jurídica propiamente dicha, es decir, el tercer año y el cuarto año son exclusivamente de corte legal.

Ahora bien, también podemos hacer una nueva distinción entre estos términos en cuanto a la naturaleza del documento que se traduce y el fin perseguido con dicho producto.

Un documento puede ser finalmente una 'traducción pública' pero no necesariamente debe versar sobre un tema jurídico. Una traducción pública, según mi descripción, es un 'mero trámite'. Sí: un trámite. El traductor habilitado, es decir, aquel que egresó de una universidad y ha jurado ante el organismo que regula el ejercicio de la profesión (en la Ciudad de Buenos Aires, es el Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires), realiza una traducción con ciertas formalidades, que luego deberá presentarse ante dicho organismo o colegio para su legalización. Es decir, el traductor (o el mismo cliente) realiza el trámite de legalización (la certificación de firma). Los empleados de recepción verifican si el traductor público matriculado ha cumplido con las formalidades exigidas por el Reglamento de Legalizaciones y, si efectivamente se cumplieron, el colegio procederá a legalizar la traducción. Importantísimo es recordar que el Colegio solo garantiza que la firma y el sello del traductor son los mismos que se encuentran en sus registros (no se expide sobre el contenido de la traducción). Pero lo relevante para nuestro debate es saber que dicho contenido puede ser un tema jurídico-administrativo o no. El contenido puede ser, a modo de ejemplo, una receta médica, una carilla de un libro de literatura, un manual de instrucciones, hasta un ticket de supermercado.

Entonces surge esta próxima pregunta: ¿toda traducción jurídica será pública? Desde ya que no. En el mundo de los negocios, muchas traducciones deben circular entre los distintos participantes de una operación o dentro de la misma empresa o estudio jurídico simplemente para fines informativos internos, para comunicarse entre hablantes de distintos idiomas que trabajan para la misma empresa o estudio jurídico o estudio contable. Es así que entonces el cliente solicita la traducción de un texto jurídico (un contrato, un escrito de demanda, una resolución judicial, estados contables, informes de auditor) sin necesidad de que la traducción sea certificada ni legalizada ante el Colegio de Traductores Públicos, ya que no se presentará ante ninguna dependencia gubernamental, una repartición pública o un tribunal de justicia.

Entonces, para resumir, no debemos confundir estos términos. No solo eso: debemos corregir y educar a quienes sí los confunden (particulares y, sorprendentemente, algunos docentes y profesionales).

Conclusión: A puede ser B, pero no siempre A es B.

 Copyright © 2014 Mariela Santoro


Y, desde ya, si el lector necesita una traducción de carácter general, o bien de carácter público (es decir, que su traducción sea legalizada), lo invito a visitar mi sitio web: www.translational.com.ar






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